Una vista de los delegados al VII Encuentro Hemisférico contra los TLCs celebrado en La Habana, del 7 al 11 de abril, en el Palacio de Conevnciones.

El logo del VII Encuentro que reunió a centenares de activistas de los movimientos sociales del continente que se dieron cita en La Habana para intercambiar experiencias y coordinar acciones contra los tratados de libre comercio y de la rsistencia social a las políticas neoliberales.

Alfonso Torres Ulloa, quien presentó una conferencia sobre "Terrorismo y Penalización del Movimiento Social", analizando la "legislación nacional" y la organización y reacción del movimiento social al respecto. El autor plantea un conjunto de reflexiones fundamentales para el movimiento social dominicano, planteos que deben ser abordados en un taller nacional.

Terrorismo y Penalización de los Movimientos Sociales
Ponencia presentada en el VII Encuentro Hemisférico contra los TLCs, La Habana, Cuba, Abril 2008. Por Alfonso Torres Ulloa

Ayer éramos soñadores, idealistas, revolucionarios, comunistas, ahora sencillamente somos terroristas o combatientes enemigos.

En las décadas de los 70, 80 y 90 del siglo pasado nos tildaban de comunistas y aún cuando se libraba una lucha armada en cualquier punto de la geografía mundial o había un foco guerrillero nunca se le ocurrió llamarlo terroristas, sin embargo con el derrumbe de una buena parte del llamado socialismo real y particularmente con el desmembramiento de la URSS todo cambia y entonces “los gendarmes del mundo” empiezan a tildarnos de terroristas.

Y siendo el terrorismo, como lo es, una actividad criminal, ahora quieren descalificar moral, social y legalmente y llaman terroristas a quienes asumen una opción de compromiso con la justicia y no aceptan ser repetidores o portavoces de los intereses de las transnacionales.

En informe presentado a la ONU, el 3 de Abril del 2003, nuestra Asociación Americana de Juristas, dijo entre otras cosas:

“Después de los atentados del 11 de septiembre se adoptaron en muchos países medidas y normas nacionales antiterroristas que no surgieron de pronto sino que consistieron, en lo esencial, en el desarrollo de políticas represivas ya existentes y de proyectos de legislación represiva francamente liberticidas y antidemocráticos. Los gobiernos aprovecharon el clima creado por los atentados para hacer aprobar dichas leyes y medidas casi sin oposición.

Algunos Gobiernos también aprovecharon la ocasión para acentuar con total impunidad la represión contra los movimientos nacionales, como es el caso de Israel con los palestinos.

...analizamos esta legislación en Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y España es decir en algunas de las llamadas "grandes democracias occidentales" que en nombre y representación de la "comunidad internacional", distribuyen buenas y malas notas a escala planetaria, o se callan si se trata de dictaduras "amigas", y deciden de la paz y de la guerra . Todas las normas nacionales analizadas tienen en común que son imprecisas en cuanto a la definición del terrorismo, lo que permite calificar como terroristas actividades que no tienen nada que ver con el terrorismo, recortan en un grado más o menos grande, derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y de los extranjeros, de manera especial el derecho a la intervención sin demora de un tribunal de justicia, el derecho al respeto de la vida privada y acrecientan los poderes de la policía, de los servicios de seguridad y de inteligencia, sin control judicial.

El Consejo de Seguridad, aprobó en septiembre 2001 las resoluciones 1368 y 1373, donde se habla de terrorismo sin definirlo, lo que abre camino a cualquier arbitrariedad. En dichas resoluciones se alude a la legítima defensa, con la pretensión de dar por anticipado una apariencia de legitimidad a los bombardeos contra Afganistán que comenzaron el mes siguiente. Fue una extensión abusiva de la noción de legítima defensa que en derecho se define como la respuesta inmediata contra un agresor para poner fin a la agresión en el lugar donde esta se está cometiendo.

El Consejo de la Unión Europea, adoptó una serie de medidas sobre el terrorismo. Todas ellas se basan en una definición muy difusa del terrorismo que permite calificar como terroristas un amplio abanico de personas y organizaciones”.

El Consejo estableció listas, que son revisadas periódicamente, de personas y organizaciones calificadas de terroristas, sin ningún control judicial. Todas estas medidas del Consejo de Europa son de aplicación obligatoria por los Estados miembros, sin intervención de los respectivos parlamentos.

La Convención contra el terrorismo de la Organización de Estados Americanos, que analizamos en el documento NGO 194, introduce la analogía en materia penal. Por esta brecha que deja abierta a la analogía la Convención van a pasar las interpretaciones arbitrarias que haga cada uno de los Estados, donde seguramente van a entrar diversas formas de protesta social y de oposición política, según las circunstancias y el interés de los Gobiernos.Este arsenal de medidas y de normas permite violaciones flagrantes a los derechos humanos de opinión y de expresión, al derecho al debido proceso y a otros derechos fundamentales, como las que se están produciendo de manera masiva actualmente en los Estados Unidos, bajo la vigencia de la Patriotic Act.

La verdadera filosofía de los ángeles guardianes (más bien los jinetes del Apocalipsis) de la democracia y la libertad se pone de manifiesto cuando se comparan estas medidas violatorias de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos con la intangibilidad del dinero sucio, que también alimenta los fondos del terrorismo. Debido a la actitud negativa de las grandes potencias sólo han sido congelados una ínfima cantidad de los mil millones de dólares que se estima están al alcance de los grupos terroristas sobre los cinco mil millones que están al abrigo en centros offshore. Los grandes evasores del fisco, los corruptos, y sobre todo las sociedades transnacionales, comparten los otros cuatro mil millones de dinero sucio.

Por lo visto, como puede verificarse a cada instante, donde comienzan los grandes negocios se acaban los derechos humanos”.

Es así, entonces, que la lucha contra el terrorismo se presenta con dos caras; el interés económico y político lo define todo. Es el nuevo cuco, el nuevo fantasma que recorre el mundo.

Y este fantasma es utilizado, como pretexto, para reprimir a los pueblos y las personas que se levantan en defensa de sus derechos o de derechos esenciales de la humanidad y de la naturaleza.

Y entonces amparándose en ese pretexto han ido creando normas, tanto de carácter internacional como normas nacionales para reprimir o penalizar las actividades de reivindicación de justicia, de pan, de libertad, de ejercicio de soberanía o de solidaridad entre los pueblos y personas.

Nadie niega la existencia de un flagelo llamado terrorismo. Pero también hay terrorismo y terrorismo, hay un terrorismo de Estado liderado por los Estados Unidos a escala mundial, está el terrorismo de Estado que aplica Israel contra el pueblo palestino. Y hay, por supuesto, acciones terroristas en otros sectores por causas diversas. Y siempre es un crimen imperdonable el terrorismo.

Pero ese terrorismo de Estado lo han querido validar con el terrorismo mediático que nos van imponiendo a los pueblos. Y con ello trabajan la cultura, la mente, la conciencia de nuestros pueblos y nos hacen ver y creer como verdad lo que es una falacia, y como bueno y normal lo que sencillamente son crímenes de lesa humanidad.

Veamos qué es lo que ha estado ocurriendo en el mundo y el tema del terrorismo y la penalización del movimiento social, algunos ejemplos:

Caso Perú:
“El paquete de decretos legislativos que acaba de dictar el gobierno muestra en su entraña un enorme miedo a las huelgas, que en estos tiempos abarcan incluso a funcionarios públicos. Para reprimirlas se ha dictado un decreto que viola la Constitución”.

No es cierto que, como ha afirmado la ministra de Justicia, María Zavala, el artículo 42 de la Constitución alcance a congresistas, presidentes regionales y alcaldes.El texto de ese artículo es inequívoco:"Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional."

El dispositivo Alanista pretende negar no sólo el derecho de participación política de amplios sectores de funcionarios, sino incluso privarlos de la libertad de expresión.

Si la interpretación oficial fuera correcta y se intentara aplicarla, se necesitaría una intrincada red de inquisidores o soplones que vigilen a los 1,756 alcaldes distritales que hay en el país y a sus decenas de miles de regidores.

El paquetazo antijurídico viene acompañado de una serie de medidas en contra del tráfico ilícito de drogas, el lavado de dinero, el terrorismo, el secuestro, el pandillaje y el crimen organizado. Se enriquece también con un permiso para matar con impunidad garantizada”.

En el caso de Inglaterra:
"El gobierno del Reino Unido dice que las reglas del juego han cambiado, pero sin duda lo que no ha cambiado es jugar con las reglas”, ha declarado hoy (12 de octubre) Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, en respuesta a la publicación del Proyecto de Ley sobre Terrorismo.

Romper unos derechos y libertades que se remontan a la Carta Magna sólo servirá para dar la victoria a los criminales que cometen atrocidades como las del 7 de julio. Son esenciales unas medidas antiterroristas eficaces, pero las disposiciones del proyecto de ley, amplias e imprecisas, son peligrosas y están mal concebidas.

El paquete de medidas que propone el gobierno representa un desgaste deliberado de los derechos humanos. La definición que ha elaborado el gobierno de terrorismo, amplia y de redacción imprecisa, podría utilizarse para enjuiciar incluso a personas que hacen campañas antinucleares pacíficas y ofrece posibilidades para la parcialidad política cuando se decida enjuiciar.

El internamiento de hecho durante un máximo de 90 días menoscaba los derechos a la libertad personal y a un juicio justo, incluida la presunción de inocencia. También es una excelente publicidad para la captación de terroristas.

“Estas medidas, junto con los planes del gobierno de expulsar a personas por motivos de seguridad a países que emplean la tortura, en lugar de acusarlas y juzgarlas aquí, alienará aún más a sectores ya vulnerables de la sociedad y alimentará la desconfianza y la división,” afirmó la señora Khan.

“El Reino Unido debe tomar la iniciativa de reafirmar los valores de la dignidad humana, y no de debilitarlos. El respeto a los derechos humanos es un elemento esencial para la seguridad y unas medidas antiterroristas eficaces.”

CASO COLOMBIA
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
”la política criminal en Colombia tiene por blanco a los pobres y a quienes, eventualmente, podrían representar una alternativa de cambio democrático. La reacción estatal se orienta a judicializar y a criminalizar sus luchas, en la mayoría de casos de supervivencia.

La criminalización y la judicialización de los pobres, que normalmente también son los opositores, no se reduce a un problema de estrados judiciales y leyes de control social públicas. Vale decir, la reacción estatal no se contrae a la forma pública, sino que la política criminal asume la otra cara: la paraestatal-oculta, a la que le reconoce mayor eficacia y, por ende, a la que recurre con más frecuencia”.

BOLIVIA.- 13/04/05

El colombiano Francisco Cortés Aguilar, conocido como “Pacho”, se encuentra detenido, sin sentencia, dos años en Bolivia.

El 10 de abril de 2003 – durante el gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro Carlos Sánchez Berzaín- “Pacho” junto a los dirigentes cocaleros Claudio Ramírez de Los Yungas (La Paz) y Carmelo Peñaranda del Chapare (Cochabamba) y dos menores de edad fueron detenidos acusados de terrorismo, alzamiento armado, espionaje y narcotráfico.

A pesar del tiempo, ningún boliviano o boliviana que tuvo la oportunidad de ver ese fatídico día algún medio de comunicación comercial, debe olvidar el espectacular show mediático manejado por la misma DEA norteamericana para detener a los denominados “narcoterroristas”.

La participación de la DEA en ese operativo fue reconocida por el propio Viceministro de Gobierno, José Luis Harb: “Existen tratados, convenios y acciones conjuntas de lucha contra el terrorismo…La actividad terrorista tiene una acción de carácter extracontinental; por lo tanto, tenemos acuerdos para entendernos con cualquier país, no sólo con Estados Unidos”.

“Pacho” y los bolivianos detenidos, primero fueron acusados de ser miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), luego de pertenecer orgánicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y, al no encontrar ninguna prueba, les acusaron de formar grupos irregulares ligados al narcotráfico. En dos años, no se encontró prueba alguna.

Según Cortés, el gobierno estadounidense en su falsa lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico trató de involucrarlo con actos irregulares en su objetivo de criminalizar a los movimientos sociales del continente y del mundo.

En todo este período, el colombiano primero estuvo detenido en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicada a más de 4.100 metros sobre el nivel del mar en El Alto, por su salud deteriorada fue trasladado a la penitenciaría de San Pedro en La Paz y desde enero, previo el pago de una fianza económica, goza de libertad provisional en una vivienda particular -“la cárcel privada” como la denomina “Pacho- y que fue rentada por la Fiscalía de Distrito.

En su manifiesto “El arte de jugar con la libertad de los pobres”, el colombiano señala que al estar próximo a cumplir dos años como prisionero político-social continúa soportando la presión de los intereses capitalistas y politiqueros, que obedientes al imperio norteamericano hacen que Bolivia sea un país conducido por la herencia de gobiernos dictatoriales donde reina la injusticia y se afianza la corrupción y el narcoterrorismo de Estado.

“Hemos sido encarcelados de manera arbitraria e injusta, una investigación ajustada y acomodada a los intereses dictatoriales del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para luego hacer una acusación sin bases confiables e incluso comprando testigos en Colombia y Bolivia y ahora nos están obstaculizando la libertad y el derecho a un juicio justo en el marco de los derechos humanos.

“Nuestro caso, tiene para el imperialismo, una importancia enorme política y económica; por que es la única manera de mostrar al mundo la supuesta lucha contra el narcoterrorismo en Bolivia y así justificar las inversiones económicas y la militarización inmunizada y deshumanizada. Pues así se va legalizando la invasión, la penalización y criminalización de la vida social, en la estrategia de exterminar a los pueblos y adueñarse de la riqueza y patrimonio de la humanidad”, destaca.

Genaro García Carrasco, México
“En nuestro país, da cuenta de la erosión de los derechos constitucionales la redacción del artículo 139 del Código Penal Federal que en aras de combatir el terrorismo permite criminalizar a los grupos sociales que desean modificar, de manera legítima, las estructuras públicas.

Nadie ignora que estas reformas devienen de la presión de Estados Unidos para penalizar el terrorismo. Sin embargo, es un hecho notorio que en nuestro país no existe éste por lo que al equiparar terrorismo con la lucha social permite que el Estado penalice la protesta social y movimientos sociales legítimos.

La redacción del artículo 139 en su parte controvertida precisa: “(quien) por cualquier medio violento” tenga el ánimo de “…presionar a la autoridad para que tome alguna determinación”. Así, ello permitiría que quien lleve a cabo un plantón o tome instalaciones federales pueda ser acusado de terrorismo. Así se acotan los derechos de asociación, de expresión y manifestación.

Amén de ello, Calderón Hinojosa envió al Congreso de La Unión una iniciativa de reforma a la ley penal que permite la eliminación de diversas garantías constitucionales en aras de facilitar la actuación de las autoridades para combatir la delincuencia organizada.

Si dicha iniciativa se volviera ley se permitiría la acusación anónima, como en los tiempos de la inquisición, el arraigo sin orden judicial y las intervenciones telefónicas sin que la autorice un juez.La actuación de nuestra Corte ha sido vacilante. Es una historia conocida que la Corte presidida por Mariano Azuela seguía los dictados de Los Pinos. Dan cuenta de ello dos ejemplos: a) el desafuero de López Obrador, b) la decisión que señaló que no era una pena inusitada las penas de prisión mayores a sesenta años, que dio pie a que el Estado pudiera imponer cadenas perpetuas. Esta decisión respondió a la presión de Estados Unidos para poder extraditar a diversos capos de la droga.

Estas decisiones erosionaron no solo la credibilidad de la Corte sino las garantías que establece la Constitución.

Esperemos por el bien del país que la Corte actual reafirme su independencia y no permita que las violaciones actuales y futuras a la Constitución prosperen en detrimento de los derechos básicos de los gobernados.

Si bien es cierto que el problema de la inseguridad pública es complejo, los instrumentos jurídicos para combatirlo deben respetar un sistema garantista sin que se permita que la actuación sea arbitraria y caprichosa. Y sin que se permita, además, que los rasgos que el estado asuma sean aquellos que caracteriza a los represivos y policíacos”.

En virtud de ello en el Parlamento se pusieron de acuerdo para corregir la situación y dice un parte: “El coordinador de los senadores del PRD (México), Carlos Navarrete, informó que el compromiso fue signado por el panista Santiago Creel, el priísta Manlio Fabio Beltrones y los representantes de las fracciones de PT, Convergencia y el Partido Verde, con el propósito de corregir el artículo 139 del Código Penal Federal, cuya redacción permite que se acuse de terrorista, con prisión hasta de 40 años, a quien se involucre en algún movimiento social o político en que haya violencia”.

Un Comandante de las FARC, a propósito del asesinato de Raúl Reyes, dijo entre otras cosas:

“No se trata aquí, entonces, de analizar sólo el importantísimo hecho de la violación de la soberanía ecuatoriana y de la soberanía de Colombia y Venezuela que indudablemente han sido también mancilladas de cuenta del expansionismo yanqui que violenta al territorio grancolombiano y de la América Nuestra. Se trata además y sobre todo de enfrentar la determinación del imperio y las oligarquías de aniquilar la resistencia popular en sus formas diversas y necesarias de lucha mediante la estigmatización que provocan con el epíteto de terrorismo. Tratan estos enemigos de aniquilar el internacionalismo, la solidaridad y el derecho de los pueblos a coordinar y juntar sus causas y sus propósitos, al mismo tiempo que se pretenden establecer como normales los ominosos procedimientos del fundamentalismo imperialista integrados en la doctrina aviesa de la guerra antiterrorista, la guerra total…; en fin las políticas contrainsurgentes que para el caso del contexto internacional latinoamericano, no son otra cosa que doctrinas contra la autodeterminación y la soberanía de los pueblos para facilitar el camino de la política de neocolonización y expolio de nuestras riquezas”.

“Se ha pretendido afianzar la conceptualización política del imperio, la de justificar contra las luchas de los pueblos el derecho a la “agresión preventiva”, a la “defensa anticipada”, a la “legítima defensa”…, donde de manera insólita el agresor se presenta como agredido”.


CASO REPUBLICA DOMINICANA

Es altamente preocupante lo que ocurre, pues por un lado se trata de la misma receta, cursa en el congreso nacional, desde el 2005, una iniciativa legislativa, un proyecto de ley antiterrorista, recién fue aprobada en una cámara.

Es un texto modelo. Es más de lo mismo.

Lo que se busca es la penalización del movimiento social, es criminalizar el derecho a la protesta.

Digo que es altamente preocupante, porque el Foro Social Alternativo, que es el mecanismo que agrupa a la diversidad del movimiento social no ha tomado conciencia, al menos no tiene expresión orgánica, sobre este aspecto. A tal punto que no conocen la iniciativa legislativa sobre Terrorismo, que no tienen reflexiones al respecto, pues a propósito de este evento lo consultamos y nadie pudo referir una sola iniciativa sobre el tema, ninguno tenía la ley en las manos ni la conocen.

Pero eso mismo pasa con las expresiones políticas democráticas, de izquierda, con los diferentes gremios de profesionales, es decir, no hay una discusión de una cuestión tan importante en el devenir de las luchas sociales del país.

En la opinión pública este proyecto no ha sido ventilado, por tanto la tendencia es que a que sea aprobado discretamente.

Y qué pasa con este proyecto de ley?

Decíamos, es parte de una receta internacional; es en esencia la misma ley que han aprobado en todos los países, desde Inglaterra y toda Europa hasta Bolivia y Colombia.

Lo primero que tiene en común es que no hay una definición de Terrorismo, simplemente establece que “constituyen actos de terrorismo todos aquellos que se ejecuten empleando medios susceptibles de provocar en forma indiscriminada o atroz, muertes, heridas, lesiones físicas o psicológicas, de un numero indeterminado de personas, o graves estragos materiales a infraestructuras estratégicas de la nación o propiedad de particulares, con la finalidad de:.... “.

Y todo sigue con esa generalidad para cuando tengan que apretar la tuerca contra el movimiento social en lucha retorcer una interpretación de la ley a su antojo y conveniencia para reprimir y ahogar todo reclamo social.

En su articulo 13 entra en un terreno muy propio del derecho penal y procesal penal, pues un asesinato, un homicidio es materia penal y no hay que buscar subterfugios para ligar delitos o crímenes particulares o comunes con terrorismo, todo con fines inconfesables a futuro.

En el articulo 25 hay una disposición que tiende a menoscabar el derecho de expresión y difusión del pensamiento, es decir se quiere amordazar a futuro la libre expresión de las ideas; se quiere coartar el derecho a disentir políticamente.

En su articulo 35 deja abierta si no la extraterritorialidad de la ley al menos el mecanismo para cuando Estados Unidos requiera a “alguien” bajo la acusación de ser terrorista se lo entregarán. Y este se refuerza con el articulo 46.

Con esta ley hasta por una simple sospecha los ciudadanos extranjeros pueden ser impedidos de ingresar al país o simplemente expulsados del país.

E incluso un nacional que esté cumpliendo prisión por un crimen o delito si es requerido por otro Estado (y léase EE.UU.) por sospecha de terrorismo deberá ser extraditado y no puede ser invocada la circunstancia de estar en prisión o cumpliendo prisión.

El articulo 67 deja abierta la posibilidad para que otro Estado (y vuelvo y digo, léase EE.UU.) intervenga para dirigir las investigaciones sobre un sospechoso y vulnera la soberanía nacional.

Con este marco legal se agrava la penalización que ya pesaba sobre el movimiento social, pues ahora se le aplica toda la fuerza del nuevo cuco mundial, la condena por terrorista; que sin el mayor esfuerzo investigativo y con escasas pruebas pueden mandar a un ciudadano honorable al calabozo y votar la llave sin tiempo.

Se trata, pues de un momento difícil para el movimiento social en general y para el dominicano en particular, por la debilidad organizativa, la frágil conciencia sobre el tema, la dispersión y el vanguardismo político que aún persiste, una izquierda con escasa inserción social y sin discurso relevante y actual.

Finalmente, pienso que esto pasa por la necesidad de una reflexión profunda en el seno del Foro Social Alternativo de la República Dominicana que debe sentarse a discutir el proyecto de ley y el tema del terrorismo en si mismo. Para, (1) conocer el tema; (2) elaborar propuestas; (3) difundir propuestas; (4) denunciar la problemática; (5) hacer política cotidiana sobre el particular; (6) presionar en el congreso nacional para que se modifiquen los aspectos o artículos que penalizan al movimiento social.