Los profesionales y académicos panameños vinculados al ejercicio del derecho, las relaciones internacionales y la defensa de los derechos humanos, reunidos en la sede del Colegio Nacional de Abogados de Panamá en ocasión de realizar el Foro Académico “El Caso de los Cinco: Legalidad y Justicia”, acompañados por distinguidos representantes de más de 30 gremios y organizaciones invitados de diversos sectores de la sociedad organizada, incluidos jóvenes estudiantes universitarios, comités solidarios proliberación de los Cinco, así como de diplomáticos acreditados en el país y diputados de órganos legislativos nacionales que integran el Parlamento Latinoamericano, rubricamos la siguiente:
DECLARACION DE PANAMA
Gerardo Hernández Nordelo, Ramón Labañino Salazar, Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort y René González Sehwerert cumplieron el 12 de septiembre de 2009 once años de injusta prisión en cárceles estadounidenses de mediana y máxima seguridad.
El pasado 15 de junio la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió ignorar los sólidos argumentos presentados por la defensa para que revisara el Caso, apelación que fue apoyada por un clamor universal sin precedentes expresado a través de 12 Amicus suscritos por organizaciones y personalidades de todos los continentes. Sin embargo, la Corte prefirió obedecer la solicitud de la Administración Obama y así invalidó la posibilidad de revisar la larga lista de violaciones al derecho y a los procedimientos legales, las cuales han podido constatarse durante la jornada de reflexiones realizada hoy por los participantes en este Foro. Cualquiera de esas infracciones sería suficiente para decretar la inmediata libertad de los acusados.
Los abogados penalistas que expusieron en este Foro Académico destacaron las fehacientes violaciones al debido proceso, desde el propio arresto de los Cinco en 1998 hasta el inicio del juicio en el 2000 y las condenas impuestas en 2001; el viciado proceso de conformación del jurado; la elección de Miami como una sede no idónea por tener una comunidad prejuiciada contra los acusados; la denegación de acceso a la defensa a gran parte de las evidencias que sustentaron las falsas acusaciones formuladas; los constantes impedimentos a la normal comunicación entre los acusados y sus abogados en momentos claves de la defensa; la acción insólita del Gobierno y contraria a la norma y la práctica estadounidense de forzar a la Corte de Apelaciones, en votación dividida, a revocar la decisión tomada por los tres jueces de anulación del juicio; la manipulación dolosa de fabricar los cargos principales, los cuales conllevaron a condenas de cadenas perpetuas, sin haberse aportado una sola evidencia material y cuya falsedad fue después reconocida por la Corte de Apelaciones y el propio Gobierno;
Los abogados constitucionalistas identificaron con agudeza las ocho contravenciones a la Constitución de los EE.UU., algunas analizadas en detalles previamente por nuestros penalistas, tales como el irrespeto al debido proceso, la falta de un jurado imparcial, las condiciones crueles e inusuales, la incongruencia entre la instrucción de la jueza y el veredicto del jurado, las condenas de conspiración para cometer espionaje y asesinato sin presentar evidencias, demostrando con sus disertaciones otras faltas graves como la violación del precedente judicial en relación con la doctrina del acto de estado y la violación a la doctrina de la inmunidad soberana.
Los expertos en Derecho Internacional Público resaltaron cómo la pérfida conjura entre los factores del sistema judicial y el poder ejecutivo han conllevado al incumplimiento de instrumentos jurídicos internacionales rubricados por los EE.UU., así como de obligaciones contraídas como Estado ante la Carta de la ONU y convenciones internacionales en esta materia, como sucedió con el caso omiso a la declaración de la Comisión de Derechos Humanos que consideró arbitraria la detención de los Cinco e instó al Gobierno estadounidense a tomar medidas de inmediato para solucionar tal injusticia.
Los disertantes especializados en derechos humanos ponderaron las sistemáticas violaciones que se han registrado desde el arresto de los Cinco, debido a los 33 meses detenidos sin fianza y 17 meses sometidos a confinamiento solitario, en celdas de castigo aislados del mundo exterior, en violación de las propias reglas carcelarias norteamericanas; el trato inusual y cruel en la prisión, que también contraviene preceptos del derecho internacional privado relativos al trato debido a los detenidos; el bloqueo y la demora inexcusable de la correspondencia con los abogados varias veces en momentos decisivos del proceso de apelación; la asombrosa discriminación contra Gerardo por la Corte de Apelaciones, que aún reconociendo que le correspondía igual que al resto ser resentenciado para eliminar la cadena perpetua por el Cargo 2, rehusó hacerlo aduciendo que ya sobre él pesa otra condena a perpetuidad por el Cargo 3, ninguno de los dos comprobados.
Especial atención le brindaron los panelistas a la mezquindad imperdonable mostrada hacia los familiares de los Cinco, convertidos en las nuevas víctimas de este proceso, debido a los engorrosos y frustrantes trámites de las visas necesarias para visitarlos, desconociendo así los derechos de los prisioneros y sus familiares. Particularmente indignante es la situación que afrontan Adriana Pérez y Olga Salanueva, a quienes se les ha negado sistemáticamente en estos 11 años la posibilidad de visitar a sus esposos Gerardo y René. Las autoridades norteamericanas hacen oídos sordos a las reiteradas peticiones de organizaciones religiosas, defensoras de los derechos humanos, sindicalistas e intelectuales de todo el mundo; en particular el Comité Internacional de apoyo a los Familiares y Amnistía Internacional que despliega una campaña mundial por el otorgamiento de las visas.
Los participantes en este Foro hemos identificado el escenario incierto creado al negarse la Corte Suprema de Justicia a revisar el Caso, pues cierra prácticamente las avenidas legales para su solución, que definitivamente no es la caprichosa y discriminatoria medida de resentenciar solo a 3 de ellos, pese a que a todos les asisten los mismos derechos. Encima de eso, la misma instancia que reconoció la comisión de graves errores de la jueza de Miami en la aplicación de la ley, se los remite de nuevo para que los resentencie.
Nos declaramos conscientes de que el proceso ha entrado en una nueva fase, en la que es mayor la responsabilidad de la Administración estadounidense y específicamente la del Presidente Obama, quien solo a él la Constitución le confiere la facultad legal –y nosotros añadimos el deber moral- de disponer que sean retirados los falaces cargos esgrimidos contra los Cinco, lo cual sería la actitud más congruente con la imagen de cambio que ha querido proyectar hacia América Latina y el mundo. En esta convicción cristiana nos acompañan los distinguidos representantes del Comité Ecuménico de Panamá y del Consejo Latinoamericano de Iglesias, que se han pronunciado en esta dirección.
En nuestra condición de profesionales del derecho, de las relaciones internacionales y defensores de los derechos humanos, interpretamos el llamado solidario universal a favor de la liberación de los Cinco, y a la vez que con estos debates y reflexiones nos sumamos a ese genuino clamor humanitario, exigimos que termine la paradójica impunidad que se practica con terroristas confesos y prófugos de la justicia, como Luis Posada Carriles y sus compinches, que se pasean libremente por las calles de Miami.
Participantes en el Foro Académico “El Caso de los Cinco: Legalidad y Justicia”
Ciudad de Panamá, 5 de diciembre de 2009.
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